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Por Diego Cervantes Ocaña. Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV-CA


No han sido precisamente las últimas declaraciones de una ministra, tal vez bien intencionadas, pero políticamente miopes por no decir de una torpeza elemental, las que han vuelto a poner al día en los medios, los problemas que una gran cantidad de población trabajadora tienen al ver imposible el acceso a una vivienda. El asunto viene de lejos en un país como el nuestro donde la actividad de la construcción de vivienda constituye un pilar fundamental de la economía nacional. Y es que, a pesar de las campañas para generar emprendedores que comenzaron en la época de Felipe González y que a Chaves tanto le gusta para pasar por moderno, nuestros empresarios no se parten la cabeza para sacar pingues beneficios en otras actividades, aquí nadie inventa desde el chupa chups, y para que pensar en “emprender” si las operaciones en vivienda dan para mucho.

Ese mundo de la vivienda nace en primer lugar en una actividad puramente especulativa; un millonetis compra un terreno que está calificado de rústico, a un precio bajo; a continuación presionando al político de turno o por la “via natural”, en el mejor de los casos, de un Plan General, se encuentra con una decisión administrativa que califica ese suelo como urbanizable, o sea susceptible de construir. El imaginativo “emprendedor” sin esfuerzo, ha conseguido unos beneficios mayúsculos al multiplicarse el precio de su suelo por un factor cada dia superior. Ya si quiere puede seguir con la “actividad empresarial”; le vende el suelo a un promotor a alto precio y a seguir la rueda. Ya en manos del promotor que también tiene mucha imaginación como veremos, éste coge ese suelo y en vez de construir rápido las muchas viviendas que le solicitan , lo va haciendo poco a poco, de manera que siempre la demanda supere a la oferta y así poder elevar el precio de las mismas y por supuesto sus lindos bolsillos. Si a todo ello le añadimos que los españolitos ven que si ahorran un poco, los bancos y las Cajas apenas le remuneran su esfuerzo, y van y se enteran que el tio Pedro ha vendido una casa por diez veces lo que la compró y por tanto pasa a formar parte de esa demanda junto con inglesitos que quieren curarse el reuma que adquirieron en aquellas heladas tierras. El negocio esta hecho, pero…

Resulta que San Mercado no es tan puro y tan sabio, los precios se disparan y los salarios no dan para tanto. De forma que los que quieren adquirir su primera vivienda y forman parte de esa mayoría en la que seguro está usted: un currante sin vivienda, un joven o sin empleo o si lo tiene el contrato es precario, o es emigrante y va de explotación en explotación, resulta que se le hace imposible, no ya adquirirla, sino también alquilarla. Pero bueno, se pregunta el poder político, si la Constitución dice que tienen derecho… Y que hacen… NADA, decir tonterías como la ministra.

Alguna vez cae la suerte que algún rojo gobierna en la ciudad, y vaya que si funciona si la roja o rojo de turno se lo propone. Siguiendo la trama que origina el problema, no hace falta ser Lenin para contestarse ¡Que hacer! Ya que resulta que los Ayuntamientos al menos disponen del 10 % de lo que puede construirse, solo basta ponerse manos a la obra, bien a través de una empresa pública de gestión o en caso de no tenerla, como se hizo en Almería, vendiendo suelo a promotores en concurso público, ofertando un suelo barato para que compitieran, más que por el precio del suelo, por la oferta del menor precio final de la vivienda. Los interesados pueden pedir al grupo municipal de Almería los pliegos de condiciones que dieron lugar a quinientas viviendas en dos años a costes tan bajos que eran comparativamente escandalosos. Así salieron viviendas a nueve millones de las antiguas pesetas en lugares donde al lado se vendían a cuarenta. Se eligió la fórmula de vivienda joven para menores de 35 años, con cláusulas de reversión al Ayuntamiento en caso de venta en los próximos 10 años, y para su adjudicación se celebró un sorteo público ante notario en un auditorio repleto de los mas de tres mil quinientos jóvenes residentes en Almería que acudieron al concurso y del que se obtuvo un orden de adjudicación que obligaba a ser respetado por el promotor.

Pero la actividad municipal pasa por tener suelo para estos menesteres y si bien se tiene ese 10 % que Aznar se encargó de rebajar desde el 15 %, no se hace nada si no se lucha desde la PLANIFICACION contra las perversidades que genera San Mercado, santo que como todos saben se canonizó por sus meritos especulativos en atención a los favores hacia los poderosos. Y en esto entra la Comunidad Autónoma que hoy tiene la mayor parte de las competencias sobre vivienda, y también el Estado en su actividad legislativa.

Si seguimos soñando y algún rojillo o rojilla llega al gobierno del Estado, podría legislar que el suelo que la administración califica, primer origen del problema, solo pueda valer su anterior valor de mercado, antes de la decisión administrativa, ya que es una decisión política que teóricamente se hace para permitir vivienda, servicios y equipamientos, y no para revalorizar una propiedad. Una ley que pudiera permitir que el suelo urbanizable pasara a ser público y/o mucho más controlado por la administración en su valoración para evitar subidas especulativas.

Por otra parte, si Chaves fuera de izquierdas, y seguimos soñando cuando no alucinando con esta suposición, ya que tiene competencias de ordenación del territorio, debería en primer lugar usar de la función planificadora de la ordenación del territorio y desarrollar los planes subregionales a tiempo, que eviten situaciones como la actual de la Costa Malagueña , planes que definan previamente los usos del suelo para preservarlos de los agentes que hoy toman las decisiones de dichos usos, los propios enviados ángeles de S. Mercado, aunque en apariencia lo firman los políticos, mojados o no, que administran la cosa pública. En dicha ordenación debería especificarse que la actual obligación de dedicar el 30% del nuevo suelo urbanizable a vivienda protegida debería ser controlada para que estuviera en lugares adecuados, dispersa en la trama urbana para hacer una ciudad menos clasista en su territorio. Y por que no actuar con celeridad, antes que los jóvenes de los que ahora hablamos les llegue su mísera jubilación, y expropiar grandes bolsas de suelo para destinarlas a viviendas con carácter social, potenciando sobre todo el régimen de alquiler, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

Toda esta planificación debe ser introducida en los actuales planes generales de ordenación urbana, que van a tener vigencia durante muchos años y que deben constituir la planificación estratégica de un territorio que impida los desmanes de los florecientes negocios privados a costa del medio ambiente patrimonio de todos y todas.

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