Por
Diego Cervantes Ocaña. Portavoz
del Grupo Municipal de IU-LV-CA
No han sido precisamente las últimas
declaraciones de una ministra, tal vez bien
intencionadas, pero políticamente miopes
por no decir de una torpeza elemental, las que
han vuelto a poner al día en los medios,
los problemas que una gran cantidad de población
trabajadora tienen al ver imposible el acceso
a una vivienda. El asunto viene de lejos en
un país como el nuestro donde la actividad
de la construcción de vivienda constituye
un pilar fundamental de la economía nacional.
Y es que, a pesar de las campañas para
generar emprendedores que comenzaron en la época
de Felipe González y que a Chaves tanto
le gusta para pasar por moderno, nuestros empresarios
no se parten la cabeza para sacar pingues beneficios
en otras actividades, aquí nadie inventa
desde el chupa chups, y para que pensar en “emprender”
si las operaciones en vivienda dan para mucho.
Ese mundo de la vivienda nace
en primer lugar en una actividad puramente especulativa;
un millonetis compra un terreno que está
calificado de rústico, a un precio bajo;
a continuación presionando al político
de turno o por la “via natural”,
en el mejor de los casos, de un Plan General,
se encuentra con una decisión administrativa
que califica ese suelo como urbanizable, o sea
susceptible de construir. El imaginativo “emprendedor”
sin esfuerzo, ha conseguido unos beneficios
mayúsculos al multiplicarse el precio
de su suelo por un factor cada dia superior.
Ya si quiere puede seguir con la “actividad
empresarial”; le vende el suelo a un promotor
a alto precio y a seguir la rueda. Ya en manos
del promotor que también tiene mucha
imaginación como veremos, éste
coge ese suelo y en vez de construir rápido
las muchas viviendas que le solicitan , lo va
haciendo poco a poco, de manera que siempre
la demanda supere a la oferta y así poder
elevar el precio de las mismas y por supuesto
sus lindos bolsillos. Si a todo ello le añadimos
que los españolitos ven que si ahorran
un poco, los bancos y las Cajas apenas le remuneran
su esfuerzo, y van y se enteran que el tio Pedro
ha vendido una casa por diez veces lo que la
compró y por tanto pasa a formar parte
de esa demanda junto con inglesitos que quieren
curarse el reuma que adquirieron en aquellas
heladas tierras. El negocio esta hecho, pero…
Resulta que San Mercado no
es tan puro y tan sabio, los precios se disparan
y los salarios no dan para tanto. De forma que
los que quieren adquirir su primera vivienda
y forman parte de esa mayoría en la que
seguro está usted: un currante sin vivienda,
un joven o sin empleo o si lo tiene el contrato
es precario, o es emigrante y va de explotación
en explotación, resulta que se le hace
imposible, no ya adquirirla, sino también
alquilarla. Pero bueno, se pregunta el poder
político, si la Constitución dice
que tienen derecho… Y que hacen…
NADA, decir tonterías como la ministra.
Alguna vez cae la suerte que
algún rojo gobierna en la ciudad, y vaya
que si funciona si la roja o rojo de turno se
lo propone. Siguiendo la trama que origina el
problema, no hace falta ser Lenin para contestarse
¡Que hacer! Ya que resulta que los Ayuntamientos
al menos disponen del 10 % de lo que puede construirse,
solo basta ponerse manos a la obra, bien a través
de una empresa pública de gestión
o en caso de no tenerla, como se hizo en Almería,
vendiendo suelo a promotores en concurso público,
ofertando un suelo barato para que compitieran,
más que por el precio del suelo, por
la oferta del menor precio final de la vivienda.
Los interesados pueden pedir al grupo municipal
de Almería los pliegos de condiciones
que dieron lugar a quinientas viviendas en dos
años a costes tan bajos que eran comparativamente
escandalosos. Así salieron viviendas
a nueve millones de las antiguas pesetas en
lugares donde al lado se vendían a cuarenta.
Se eligió la fórmula de vivienda
joven para menores de 35 años, con cláusulas
de reversión al Ayuntamiento en caso
de venta en los próximos 10 años,
y para su adjudicación se celebró
un sorteo público ante notario en un
auditorio repleto de los mas de tres mil quinientos
jóvenes residentes en Almería
que acudieron al concurso y del que se obtuvo
un orden de adjudicación que obligaba
a ser respetado por el promotor.
Pero la actividad municipal
pasa por tener suelo para estos menesteres y
si bien se tiene ese 10 % que Aznar se encargó
de rebajar desde el 15 %, no se hace nada si
no se lucha desde la PLANIFICACION contra las
perversidades que genera San Mercado, santo
que como todos saben se canonizó por
sus meritos especulativos en atención
a los favores hacia los poderosos. Y en esto
entra la Comunidad Autónoma que hoy tiene
la mayor parte de las competencias sobre vivienda,
y también el Estado en su actividad legislativa.
Si seguimos soñando
y algún rojillo o rojilla llega al gobierno
del Estado, podría legislar que el suelo
que la administración califica, primer
origen del problema, solo pueda valer su anterior
valor de mercado, antes de la decisión
administrativa, ya que es una decisión
política que teóricamente se hace
para permitir vivienda, servicios y equipamientos,
y no para revalorizar una propiedad. Una ley
que pudiera permitir que el suelo urbanizable
pasara a ser público y/o mucho más
controlado por la administración en su
valoración para evitar subidas especulativas.
Por otra parte, si Chaves fuera
de izquierdas, y seguimos soñando cuando
no alucinando con esta suposición, ya
que tiene competencias de ordenación
del territorio, debería en primer lugar
usar de la función planificadora de la
ordenación del territorio y desarrollar
los planes subregionales a tiempo, que eviten
situaciones como la actual de la Costa Malagueña
, planes que definan previamente los usos del
suelo para preservarlos de los agentes que hoy
toman las decisiones de dichos usos, los propios
enviados ángeles de S. Mercado, aunque
en apariencia lo firman los políticos,
mojados o no, que administran la cosa pública.
En dicha ordenación debería especificarse
que la actual obligación de dedicar el
30% del nuevo suelo urbanizable a vivienda protegida
debería ser controlada para que estuviera
en lugares adecuados, dispersa en la trama urbana
para hacer una ciudad menos clasista en su territorio.
Y por que no actuar con celeridad, antes que
los jóvenes de los que ahora hablamos
les llegue su mísera jubilación,
y expropiar grandes bolsas de suelo para destinarlas
a viviendas con carácter social, potenciando
sobre todo el régimen de alquiler, a
través de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía.
Toda esta planificación
debe ser introducida en los actuales planes
generales de ordenación urbana, que van
a tener vigencia durante muchos años
y que deben constituir la planificación
estratégica de un territorio que impida
los desmanes de los florecientes negocios privados
a costa del medio ambiente patrimonio de todos
y todas.
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